Mezquinos Intereses

Vemos que los sectores que antes auspiciaban y clamaban al Presidente Correa, hoy le dan la espalda y el rumor de las movilizaciones, paralizaciones y marchas comienza a figurarse. El sector indígena como ha sido su costumbre durante la última década, moviliza a su gente para tomarse caminos y carreteras, con el objetivo de realizar grandes éxodos a los sectores urbanos y hacer escuchar sus demandas cuando se perpetran “actos que atentan a sus intereses”.

No es que no tengan potestad para hacerlo, de hecho la constitución estipula el derecho a la rebeldía y a la huelga, a expresarse cuando no se esté de acuerdo con alguna decisión que afecte directamente a los intereses generales de la población, sin embargo lo que no es correcto es que se interpongan las voluntades de una minoría, al bienestar social de la mayoría de los ciudadanos.

El problema ahora es la aprobación de la nueva ley de minas. Esta ley según dicen estos sectores, lesiona gravemente el poder de decisión de las comunidades indígenas sobre su territorio y sus costumbres ancestrales, porque se entrega la concesión de las minas a las malévolas empresas transnacionales, “que solo buscan su beneficio en deferencia del exterminio de los pueblos”. Además el sector indígena cuenta con el apoyo de los ecologistas de escritorio y hippies trasnochados que ven a las compañías mineras como los enemigos y destructores de la naturaleza.

Es cierto que en las empresas mineras no han obrado de la mejor manera. Las condiciones infrahumanas por las que someten a sus trabajadores al peligro constante y la precaria seguridad, hacen que internarse en los socavones sea tentar a la muerte y soñar con un seguro es vivir en el mundo de la fantasía. La alta contaminación que genera esta industria en fuentes de agua hace que el impacto ambiental conciba altos riegos hacia la naturaleza y los habitantes del entorno. Aparte las compañías se negaron a invertir recursos en mejorar las condiciones de vida de las zonas aledañas a las minas. Es por estas razones y algunas más que se me escapan hace que la sociedad mire con fastidio y desconfianza a estas empresas.

Durante el año anterior el Presidente Correa veto y prohibió la actividad minera por 6 meses hasta que se creara y se aprobara una nueva ley de minas, que se encargara de ver estos aspectos y velar por la prosperidad del país.
La crisis económica mundial y con ella la abrupta caída de los precios del petróleo, ha hecho que nuestra economía, dependiente de este producto tenga serios descalabros para cubrir el presupuesto nacional, llegando según los analistas a tener un hueco de 4000 millones de dólares. Además la constitución aprobada es altamente asistencialista lo cual crea muchos egresos al Estado, el cual al no poseer recursos suficientes no podrá atender estas obligaciones, por lo que la actividad minera es una alternativa para conseguir los insumos que la nueva carta política demanda.

Los grupos que se oponen a la nueva ley de minas aspiran que el Estado se haga cargo de las mismas y que los dividendos que generen vayan directamente a las comunidades que lo sufren. Suena muy bien, pero la realidad es otra. El estado no cuenta con el capital suficiente para invertir en la actividad minera, por lo que es necesaria la presencia de las empresas privadas que cuenten con los recursos necesarios para hacerle frente a esta actividad.

Pero esto no significa que vamos a entregar las minas a las trasnacionales, que vamos a vender a precio de huevo los recursos naturales en obscuras reuniones entre gallos y medianoche como algunos agitadores de cafetín nos quieren hacer creer.
Es sentarse en la mesa de negociaciones, Estado y empresa privada y encontrar el consenso que beneficie a ambas partes. Además en estas negociaciones tienen que contar con el aval y la fiscalización del Consejo de Participación Ciudadana, que como quinto poder del estado tienen que velar y auditar por los intereses de los ciudadanos.

No todas las empresas privadas son emporios del mal, ni todo lo estatal es lo más conveniente, es necesario encontrar la tercera vía en donde país y empresas trabajen juntos para lograr beneficios. Es posible hacer una minería responsable en donde los trabajadores cuenten con salarios justos y seguridades tanto para ellos como para sus familias. Se invierta en educación, vialidad, canchas deportivas, vivienda y proyectos de desarrollo en las regiones donde las minas operan. Que el cuidado del medio ambiente sea una política prioritaria para reducir al mínimo su impacto.

Solo es cuestión de sentarse a negociar con las empresas que acepten nuestras prioridades y que entiendan que esperamos de ellas. Que los beneficiados no sean unos pocos privilegiados, es momento de actuar.

Francisco Martínez Semanate
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